El embarazo en adolescentes en México, es un grave problema de salud pública y en algunos casos, una violación a los derechos humanos de niñas y adolescentes, que pone en riesgo su vida y su integridad, además de construir un obstáculo para su desarrollo personal, social y profesional, limitando sus competencias y habilidades. Ello requiere la total atención y coordinación de las políticas públicas que tienen la responsabilidad de prevenir y atender este problema de manera integral y en forma articulada con todas las Dependencias involucradas en el tema.

Por ello, la prevención y la atención al embarazo en adolescentes debe realizarse con pleno respeto a sus derechos humanos, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos, en un marco de intersectorialidad, para favorecer su desarrollo social, con la premisa de que un solo sector no puede solucionar el problema. Por lo que la salud sexual y reproductiva debe formar parte del eje transversal de las políticas públicas, además de construir un componente prioritario en las políticas sectoriales de salud, educación y desarrollo social.

Para la prevención del embarazo en adolescentes es indispensable considerar la transversalidad de la perspectiva de género, de juventud e incredulidad en todas las acciones; además, del empoderamiento de las niñas y adolescentes, y la educación integral en sexualidad, como pilares para alcanzar su efectividad.

El 23 de enero del 2015, el Gobierno de la Républica puso en operación la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual mediante sus ocho ejes rectores y noventa acciones públicas tiene el objetivo de reducir para el año 20230, al 50% el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, así como erradicar los nacimientos en niñas menores de 10 a 14 años.

La Estrategia Nacional está a cargo del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el cual tiene como objetivo establecer entre las diversas instituciones involucradas mecanismos de coordinación, cooperación, comunicación, monitoreo y evaluación que permitan su implementación a nivel federal, estatal y local, mediante los mecanismos que establece la propia Estrategia, su plan de monitoreo y su esquema general de evaluación.

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